El Estado español ha aliviado el secuestro político de Pernando Barrena a cambio de 50.000 euros de fianza y con la condición de que no tome parte en "reuniones, manifestaciones, actos públicos o formación de grupos, coaliciones o partidos políticos de características idénticas o cualitativamente similares a aquellas que motivaron su imputación criminal".
La muerte civil, en definitiva. Y esto tras dos años en la cárcel, tras haber tenido que pagar otra fianza con anterioridad, y sin que haya habido un juicio. Juicio que, cuando se celebre, será otra farsa como todos los juicios que el Estado español perpetra contra los ciudadanos vascos.
Así es España. Luego se extrañan de que nos queramos ir.
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